El ejército alemán (Wehrmacht) cometió innumerables horrores durante la Segunda Guerra Mundial. Estos crímenes contra la humanidad dejaron una fuerte huella en la sociedad alemana, que se reconstruyó sobre la base de una cultura democrática dispuesta a enmendar el rumbo. Entre los años 45' y 55' ninguna de las dos Alemanias tuvo un ejército propio, pero los peligros de la guerra fría motivaron en la República Federal el debate sobre su necesidad.
Finalmente se optó por fundar en 1955 las nuevas fuerzas armadas de la Alemania Occidental llamadas Bundeswehr, muy conscientes de los errores del pasado.
Entre sus principios están, por nombrar algunos, el respeto a los derechos establecidos en la Ley Fundamental y la desobediencia al mando en caso de recibir órdenes que violen esos derechos. Respecto a su relación con el pasado, la tradición que sustenta a las Bundeswehr "no es historia, sino una selección deliberada y significativa de esta". Es decir, se desmarcan institucionalmente de las atrocidades cometidas para poder servir a la sociedad democrática.
Las lecciones que Chile puede tomar de esta experiencia son muchas. En primer lugar, la relación unívoca de la sociedad con la historia. En nuestro país persisten grupos significativos que valoran la dictadura cívico-militar y las violaciones a los DD.HH. como una necesidad e, incluso dentro de Carabineros y las FF.AA., como actos de heroísmo.
En segundo lugar, la comprensión de que las instituciones no pueden continuar sin cambios luego de haber protagonizado eventos tan terribles y traumáticos.
Carabineros y las FAAA no han pasado por transformaciones significativas después de haber violado institucionalmente los DD.HH. de miles de chilenos.
Los esfuerzos de reformas, como el traspaso de la dependencia de Carabineros al Ministerio del Interior o la eliminación de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe, no tuvieron efecto en este sentido. El "nunca más" que pronunciara el general Cheyre (condenado, paradójicamente, por participar en casos como la Caravana de la Muerte) no tuvo eco en las fuerzas militares ni policiales.
La falta de medidas decididas para transformar nuestras policías y fuerzas armadas se debe, en gran medida, a las características de la transición que vivimos.
Pinochet como Comandante en Jefe, los enclaves autoritarios y la fragilidad de la democracia fueron algunos de los obstáculos que, en los primeros años de democracia, impidieron estas transformaciones. La Ley Reservada del cobre, derogada recién el año pasado, los quórums supra mayoritarios, la poca voluntad política y la fuerte resistencia de las mismas instituciones las han impedido en el tiempo reciente.
Es en esta situación de statu quo es que se hacen públicos los casos Pacogate y Milicogate.
Estos fueron fraudes millonarios que ascienden a casi 40.000 millones de pesos de fondos fiscales, que miembros de Carabineros y el Ejército utilizaron en beneficio personal. Estos casos pusieron en evidencia los niveles de autarquía, nula fiscalización e independencia de los poderes civiles en los que las FF.AA. y de Orden viven en Chile.
Los últimos años la Contraloría ha realizado esfuerzos importantes para controlar a las instituciones conforme a las atribuciones que le da la Constitución, lo que ha generado rechazo y ataques de parte de la derecha. Con todo, los necesarios cambios profundos no ocurrieron, y las instituciones democráticas continuaron cegadas ante el problema.
El estallido social fue la gota que rebalsó el vaso de la credibilidad de Carabineros y las FF.AA., y ha terminado de mostrar que las transformaciones llevan demasiado tiempo posponiéndose. Carabineros han mutilado los ojos, herido de gravedad, sometido a apremios ilegítimos y detenido ilegalmente a cientos de personas desde el 18 de octubre, y existe poca claridad en muchos incidentes que involucran a estas instituciones en labores de orden público.
El último caso que ha estremecido al país es el de un carabinero que empujó a un menor de edad por el puente Pío Nono hacia el Río Mapocho. Ocurrido esto, Carabineros no socorre al herido, que queda abandonado hasta ser rescatado por bomberos. Es natural la comparación entre este hecho y los cuerpos que aparecían a orillas del río durante la dictadura
El proceso constituyente ha servido como canalizador pacífico de las reformas profundas que demanda la ciudadanía. Una de estas, la de poder manifestarse sin temor a ver mutilada su vista, ser vulnerado en un centro de detención, apalizado, o lanzado por un puente.
La Constitución debe hacerse cargo del problema de Carabineros y las FF.AA. como lo ha hecho Alemania: con una reestructuración funcional e ideológica que remueva la apología de la dictadura y las violaciones a los DD.HH. de sus filas, y que sancione esas actitudes; con una fuerte sujeción a los poderes civil en la cadena de mando, fiscalización en la utilización de fondos y responsabilidad penal; sistemas de salud y pensiones que no sean privilegiados respecto al resto de la población y una adscripción sincera al orden democrático, a la diversidad y a los Derechos Humanos.
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