El 7 de octubre, el Presidente Piñera decidió poner urgencia al proyecto de ley que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas. Iniciativa impulsada por la Presidenta Bachelet que ha entrado en total sintonía con los intereses del actual gobierno, en tanto se trata de vender un simulacro de reconocimiento y participación, para en realidad socavar a las autoridades tradicionales y cooptar la autonomía de las organizaciones indígenas.
Lo que el proyecto pretende es que, mediante un proceso regulado por el Estado, se imponga de manera homogénea a todos los pueblos indígenas que habitan en Chile, la obligación de formar un consejo que será el principal, sino único, interlocutor validado para dialogar con el Estado en la implementación de proyectos de alto impacto ecológico y cultural.
La lógica de la relación entre Chile y los pueblos indígenas que subyace al proyecto, es la misma que históricamente se ha tenido: la del colonialismo.
Primero, porque la imposición de una forma de organización está concebida exclusivamente dentro de la razón jurídica del Estado Nacional.
Lo que el Estado plantea es “organícense, pero como yo quiero que se organicen”, sin importan la tradición de los pueblos, sus formas de elegir y concebir la autoridad.
No todos los pueblos se organizan de la misma manera y el respeto a esos procedimientos y autoridades tradicionales, se consagra en el artículo 6 litera a del convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile en 2008. Cuestión tremendamente grave, pues se ha puesto urgencia a un proyecto reñido con la legislación internacional.
Lo segundo, que agrava aún más la situación, es que no solo se quiere obligar a los pueblos indígenas a organizarse de una manera determinada, sino que muchos pueblos ya cuentan con sus propias autoridades y organizaciones, a las que este proyecto pretende suplantar, mediante la creación de un poder paralelo.
Lo que Piñera impulsa es una especie de Golpe de Estado, desconociendo a las autoridades vigentes e imponiendo otras a su antojo. Cualquier semejanza con Trump es pura coincidencia.
La ley chilena reconoce como consejos tradicionales a importantes organizaciones históricas, tales como el Ho Nui Rapa Nui, el Identidad Lafkenche, el Consejo de Pueblos Atacameños, el Consejo de Caciques Williche de Chiloé, el Consejos de Lonkos del Futawillimapu, y el Consejo Nacional Aymara de Arica y Parinacota, algunos de los cuales cuentan con más de 300 años de historia y que este proyecto en lugar de validar, busca exterminar.
La conclusión política salta a la visa, lo que el gobierno busca es suplantar a los consejos auténticamente indígenas, por consejos de papel a la medida de la burocracia nacional. Lo que busca es gobernabilidad, pero lo que no comprenden es que el desconocimiento de las autoridades ancestrales solo puede generar más conflictividad, porque al negociar lo hará con autoridades que no representan al sujeto político con el que se pretende el diálogo.
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