Crisis de conducción

Se ve lejano el momento en que Michelle Bachelet obtuvo el 62% de los votos en la elección presidencial y los partidos de la Nueva Mayoría lograron el control del Congreso. Parecía pavimentado el camino para gobernar casi sin tomar en cuenta a la oposición, como pedían algunos dirigentes embriagados por la victoria.

Al cabo de 9 meses, el cuadro es muy distinto. Las encuestas del CEP y de Adimark han confirmado que la mayoría del país desaprueba la gestión de la Presidenta y su gobierno.

El acelerado deterioro del capital de confianza del oficialismo se debe, en primer lugar, al diagnóstico equivocado que hicieron los partidos de la NM en 2013, punto de partida de la elaboración de un programa que buscó satisfacer el supuesto reclamo nacional de un gran viraje, en la línea de lo pedía “la calle”.

Era lo que algunos académicos llamaron “el otro modelo”. Tal perspectiva calzó con la visión con la que Michelle Bachelet regresó a Chile después de su permanencia en la ONU. “No más de lo mismo”, fue su voz de orden en el comando de campaña, y eso tenía un solo significado: no más políticas como las de los gobiernos de la Concertación. Así, los equipos técnicos elaboraron un programa con el que la candidata tenía que sentirse cómoda, y que resultó sobreabundante e incluyó no pocas generalidades.

Con una coalición supuestamente “más avanzada”, Bachelet materializó el giro a la izquierda.Innecesariamente, dio al programa el carácter de contrato que debía cumplirse a cualquier precio, aunque ella no fue elegida por representar “ese” programa, sino por inspirar confianza en quienes tenían un recuerdo positivo de su primer gobierno, lo que también explica el buen trato que recibe al visitar otras naciones.

No obstante que la impronta del programa era el propósito de reducir la desigualdad, los proyectos destinados a concretarlo han generado incertidumbre y desconfianza, sobre todo en la clase media emergente y, llamativamente, en las mujeres.

Es muy raro que un gobierno propicie un alza de impuestos cuando la economía va en declive: pues bien, como estaba en el programa, este gobierno lo hizo. La reforma tributaria ya es ley, pero no cesa de crecer el rechazo hacia sus intrincadas disposiciones. La reforma educacional, que aún se discute en el Senado, ha provocado un amplísimo movimiento de oposición. Es evidente que la ruta escogida por el gobierno no coincide con el sentir de la mayoría de la población.

En la pérdida de apoyo ciudadano ha influido sin duda el discurso sectario y amenazante de ciertos dirigentes de la NM, y desde luego las orientaciones “combativas” de los responsables del aparato de comunicaciones de La Moneda, que entendieron que la tarea del gobierno era cambiar los ejes sobre los cuales funcionaba el país. Cambio contracultural, han dicho algunos.

Es preferible que el gobierno no siga dando explicaciones insostenibles sobre su desgaste.“Tenemos que comunicar mejor el alcance de las reformas”, dijo el ministro Peñailillo, como si el problema se redujera a mejorar la propaganda.

La peor alternativa sería sin duda la “fuga hacia adelante”, o sea la opción de doblar la apuesta y radicalizar la acción gubernativa. “Las reformas que impulsa el gobierno son ambiciosas –dijo la Presidenta en la conferencia del FMI la semana pasada-, porque alteran grandes inercias, por lo que es natural que generen incertidumbre”. Tal razonamiento puede acarrear dificultades todavía mayores.

Se ha demostrado que no bastan las buenas intenciones para definir políticas públicas de sello progresista. No basta con presentar las reformas como “estructurales” e inspiradas en sentimientos de justicia para demostrar que están bien concebidas. Si parten de criterios equivocados, pueden provocar efectos opuestos a los buscados.

Particularmente corrosiva ha sido la ambigüedad respecto de la Constitución. A propósito de ello, la Presidenta ha dicho que los chilenos deben pronunciarse sobre “el tipo de país en el que quieren vivir”. ¿Qué es exactamente eso? ¿Declarar el estado de asamblea y discutirlo todo? Las bases del Estado de Derecho no pueden convertirse en terreno fangoso.

¿Cambio de gabinete? El gobierno será finalmente lo que la Presidenta quiera que sea.Reemplazar a tal o cual ministro solo tendrá sentido si ello responde a la definición de una línea coherente, que establezca prioridades realistas y genere un clima de confianza.

Es absolutamente crucial la reactivación de la economía. Ello implica alentar un ambiente propicio para la inversión, el ahorro y el crecimiento. O sea, asegurar que la asociación público-privada opere en los hechos. Si aumenta el desempleo, aumentará el descontento. Si la economía no crece a buen ritmo, el juicio ciudadano será muy duro.

El cambio de dirección de los vientos probablemente acentuará las diferencias dentro de la NM.¿Se proyectará más allá de este gobierno? En realidad, sin el factor de cohesión que representa Bachelet, es difícil que se mantenga una alianza de fuerzas tan heterogéneas. El resto lo hará el sistema electoral proporcional, que estimulará el perfilamiento de cada partido.

Chile no logrará convertirse en una nación desarrollada si pierde el norte y se deja tentar por el populismo en cualquiera de sus variantes. Hay que combatir tanto los abusos del mercado como los del Estado. Y no olvidar que el aparato público puede ser capturado por partidos, gremios, redes parlamentarias, empresas de lobby, etc. No podemos aceptar que los recursos públicos se dilapiden, como a veces ocurre.

Por el bien de Chile, es deseable que la Presidenta Bachelet cumpla su período en las mejores condiciones posibles. Ello demanda acotar las metas y cuidar la gobernabilidad. Es preferible hacer menos cosas, pero hacerlas bien. Se trata de concentrar los esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de la población, o sea, alentar la creación de empleos, elevar la calidad de la educación estatal, combatir la delincuencia, mejorar la salud pública, resolver los problemas del transporte, etc.

No hay espacio para experimentos de resultado incierto. La vía probada del progreso de nuestro país ha sido la conjunción de políticas pro mercado y pro solidaridad. Hay que perseverar en esa dirección para derrotar definitivamente la pobreza y potenciar la igualdad de oportunidades.

El Estado debe focalizar sus recursos en las carencias principales y apoyar en primer término a los sectores postergados. Se requiere dar seguridades a la clase media emergente de que no perderá lo ganado y podrá seguir tomando decisiones sobre su futuro.

Para que Chile progrese de manera sostenible, necesitamos reivindicar el diálogo democrático y la búsqueda de grandes acuerdos.