La violencia nos daña a todos

La horrorosa muerte del agricultor Werner Luchsinger (75 años) y su esposa Vivian McKay (69 años) a raíz del ataque incendiario a su propiedad en Vilcún, realizado por un grupo de encapuchados en la madrugada del 4 de enero, ha estremecido al país, y obliga al gobierno, al Congreso y al Poder Judicial a sumar esfuerzos para crear las condiciones que permitan detener los actos criminales en las regiones de La Araucanía, del Bío-Bío y de Los Ríos.

Lo primero es condenar sin ambigüedades el uso de la violencia como método político. De ello depende que el Estado de Derecho no sea reemplazado por la ley de la selva, la anarquía y, cómo no, el orden que ofrecen las dictaduras.

Un crimen es un crimen, y no hay discurso de validación ideológica que valga, como aquel que, en el fondo, da a entender que un gran fin – justicia histórica para el pueblo mapuche-, justifica el uso de cualquier medio. Llevado el argumento hasta las últimas consecuencias, se traduciría así: una persona de origen mapuche tiene “buenas razones” para actuar violentamente. A partir de esa forma de razonar, solo podemos esperar lo peor.

Todas las vidas son igualmente valiosas: la de Matías Catrileo, estudiante universitario, asesinado por un carabinero en enero de 2008 en Vilcún; la de Hugo Albornoz, sargento de Carabineros, asesinado en abril de 2012 en Ercilla; la de Osvaldo Zapata, cuidador de un predio cerca de Cañete, asesinado por encapuchados el 20 de diciembre de 2012; la de los esposos Luchsinger, asesinados en Vilcún.

El clima de inseguridad y temor que se ha creado en la zona ha llevado a algunos agricultores a declarar que están dispuestos a hacer justicia por sus propias manos. Es un camino extremadamente peligroso, que puede derivar en nuevas desgracias. Las ilegalidades debilitan el régimen democrático, que debe ser precisamente el muro de contención de los violentos.

Son muchas las injusticias sufridas por el pueblo mapuche a través de la historia,pero ello no valida cualquier método de corrección de ellas. La violencia perjudica al pueblo mapuche, cuyas familias desean vivir en mejores condiciones, trabajar en paz, criar a sus hijos en un ambiente de seguridad. Además, los actos de violencia alientan el racismo de quienes meten a todos los mapuches en un mismo saco.

Lo que se sabe es que detrás de los atentados hay grupos minoritarios, pero organizados y audaces, que actúan con un plan territorial y cuentan con amplios recursos materiales (quizás con asesoría extranjera, incluso). Su propósito es mantener encendido el fuego de lo que llaman “el conflicto mapuche”, para difundir enseguida una versión internacional que les permita seguir obteniendo generosas donaciones. Sus tácticas se asemejan a las de los encapuchados urbanos, cuyo espíritu altruista hemos podido apreciar en las calles de Santiago en los últimos años.

Las apariencias pueden engañar también en este terreno. Detrás de las exigencias de justicia étnica, algunos simplemente han hecho carrera.La fiscalía regional de La Araucanía está investigando las operaciones financieras de Huilcamán, líder del llamado “Consejo de Todas las Tierras”, luego de una denuncia de la Unidad de Análisis Financiero por supuesto lavado de activos. La investigación partió por las sospechas que despertaron ciertos depósitos desde el exterior en su cuenta corriente.

No es poco lo que ha hecho el Estado en las últimas décadas para mejorar las condiciones de vida del pueblo mapuche, como les consta a los jóvenes pertenecientes a ese y los otros pueblos originarios que hoy realizan estudios universitarios gracias a las becas que reciben del Estado.

Queda mucho por hacer, desde luego. Es necesario seguir avanzando en el ámbito de la posesión de la tierra, la asistencia agrícola, la educación, la salud, la protección de su cultura, etc.

En los próximos días, un grupo de mapuches del borde costero de la comuna de Fresia, recibirá del ministerio de Economía 104 hectáreas de terreno para uso pesquero, como consecuencia de la aplicación de la Ley Lafquenche, aprobada en 2008. Hay que seguir avanzando por esa vía.

Pero para ello se requieren paz y diálogo.

La democracia tiene derecho a defenderse de quienes atentan contra sus bases.Por supuesto que ello debe darse en el marco de la Constitución y las leyes.

El reto de la violencia en el sur solo puede enfrentarse eficazmente sobre la base de una política de Estado, que combine el despliegue policial con medidas sociales, económicas y de estímulo a las iniciativas de desarrollo de las propias comunidades.

Es deseable que el gobierno y la oposición no intenten sacar pequeñas ventajas políticas de la actual situación, sino que actúen con sentido nacional. Lo mismo habría que decir respecto de los candidatos presidenciales.

Es muy alta la responsabilidad de Carabineros y la PDI en cuanto a proteger a la población y administrar el uso de la fuerza con buen criterio.El ministro del Interior debe aportar sensatez en medio de la tensión. Hay que evitar a toda costa que se produzcan nuevas muertes. Tanto en La Araucanía como en el resto del territorio nacional los chilenos tenemos derecho a vivir en paz y sin miedo.