Chile necesita una nueva policía al servicio de la gente y no contra su pueblo
Durante las últimas semanas, dos carabineros, Patricio Maturana y Claudio Crespo, fueron detenidos como principales imputados por las lesiones graves causadas a Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, respectivamente. Si bien este avance en la investigación de ambos casos es una señal de justicia, es tardío e insuficiente, al igual que ocurre con los cientos de otras víctimas.
No ha existido una respuesta contundente del Estado y los procesos de investigación han sido lentos. Las responsabilidades institucionales brillan por su ausencia, pese a que carabineros es una institución cuya jerarquía implica subordinación de mando y de órdenes. Incluso existiendo informes internacionales de Derechos Humanos que señalan, entre otras cosas, que fue la principal institución responsable de las vulneraciones ocurridas a partir del 18 de octubre de 2019.
A un año desde el Estallido Social, es imprescindible que se adecuen los protocolos en la institución y que se regule el uso de la fuerza a estándares internacionales que garanticen la protección de los DD.HH. Al mismo tiempo, se debe garantizar el avance en el Congreso del proyecto para prohibir el uso de perdigones y balines, entre otras armas, usadas como instrumentos disuasivos.
Hace unos meses, como Frente Amplio, presentamos también una propuesta por “Una nueva policía para Chile”. En ella compartimos un diagnóstico, compartido por expertos, carabineros es una institución muy necesaria para el país, pero su funcionamiento se ha ido desligitimando con el tiempo, especialmente por el abuso policial, la ineficacia de sus investigaciones en actos de corrupción y una formación que no va acorde a la modernización que se requiere hoy de una policía, que debería tener la capacidad de enfrentar actos delictuales y, a la vez, entregar garantías de protección a las libertades públicas.
La crisis de legitimidad que sufre requiere de una revisión de su estructura, muchas de las irregularidades se han sustentado en los privilegios de los altos mandos y eso permite, como en los casos de Fabiola y Gustavo, la ausencia de responsabilidades institucionales hasta ahora.
Otro ejemplo reciente sobre este comportamiento institucional es el caso de la carabinera Norma Vásquez, quien habría sido asesinada por otro miembro de la institución, al que había denunciado antes por intento de violación.
Aquí no sólo la máxima autoridad policial, Mario Rozas, no concurrió a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del Congreso para dar cuenta del proceder institucional en este caso, sino que existen precedentes que están siendo investigados sobre medidas de protección que no se implementaron por parte de la institución.
Esta crisis se ampara en la falta de subordinación al poder civil y al carácter militarizado de su cultura. Ambos puntos centrales a considerar en cualquier cambio institucional, debate por cierto que puede ser parte de la discusión constitucional acerca de los principales órganos del Estado, sus funciones y las normas que los rigen.
El proceso que estamos viviendo con el plebiscito de octubre abre varias conversaciones para el país.
Una de ellas debe ser cómo enfrentar desde una institución moderna y profesional y con mayor equidad en sus filas, los problemas relacionados con el orden público, sin que ello afecte los estándares de protección a los Derechos Humanos. Esto implica, entre otros aspectos, avanzar en una formación más integral a los cuadros policiales, en la revisión de su estructura funcional y jerárquica, en la implementación efectiva de una política de género y no discriminación, en la activación de mecanismos de transparencia sobre gastos y procedimientos y en una distribución territorial más equitativa en cuanto a recursos y dotación de personal.
Necesitamos una institución en la que podamos volver a confiar, donde el cumplimiento de sus funciones sean fiscalizadas efectivamente por el poder civil.
El proceso constitucional abre un escenario propicio para discutir el Chile que queremos y que necesitamos. En ese arco de necesidades y aspiraciones ciudadanas es indispensable pensar cómo se garantizan las libertades públicas y su protección.
Para que nunca más vuelvan a ocurrir vulneraciones tan graves en Chile, necesitamos justicia, reparación y garantía de no repetición.
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